Se trata, sobre todo, de nuevas y abusivas leyes de protección de secretos oficiales o antidifamación. Ahí aparecen los 14.000€ de multa a un semanario búlgaro (ya saben: es un idioma) por un publicar una carta de un lector en que acusaba de corrupto a un político; o los 31.000€ por daños y perjuicios que un diario eslovaco hubo de abonar al Presidente del Tribunal Supremo, Stefan Harabin, por llamarle “arrogante”. Harabin ya lleva ingresados más de 180.000€ mediante este procedimiento. Todo un empresario de la difamación.
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Me pregunto si la malignidad K llegó al extremo de aprobar la Ley de Medios cuando el informe de RSF ya estaba cerrado. No creo. Pero ¿y si…?
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