viernes, 18 de diciembre de 2009

La protección que quiere eliminar el Gobierno

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha denegado hoy en un auto la solicitud de la productora y distribuidora Milcap Media Group, SL a tres proveedoras de internet (Telefónica, Orange y Jazztel) para que identifiquen a los usuarios de IP acusados por esa compañía de intercambiar ilegalmente películas via p2p, infringiendo su copyright.

Milcap, propiedad de Private Media Group, pretendía conocer las identidades para demandar a esas personas. Según el auto, esa compañía,
"después de manifestar que tiene conocimiento de que a través de redes de intercambio de ficheros en Internet se [produce] un intercambio masivo de aquellas películas, con la consiguiente infracción de sus derechos de propiedad intelectual, solicita como diligencia preliminar que se ordene a tres entidades proveedoras de Internet […] que conserven los datos e identifiquen a los usuarios de determinadas direcciones IP en las horas y días que se indican, con la finalidad de conocer quiénes son […], para poder dirigir contra ellos la correspondiente demanda".
El auto respalda otra decisión, tomada por el Juzgado Mercantil de Barcelona nº 7 el 18 de mayo de 2009. Ya entonces, ese juzgado denegó las diligencias pedidas por Milcap…
"porque […] niega que los actos [cometidos por esos usuarios] hayan sido realizados a escala comercial, y además advierte que no puede existir una colisión con los derechos protegidos por el art. 7 de la LO 15/99 de protección de datos".
La misma sección, en un auto del 10 de diciembre pasado, resolvió de oficio un caso similar.

Sigue el auto:
"[…] en nuestro derecho no existe ningún deber legal de colaboración impuesto a las [proveedoras] de Internet para suministrar la información interesada por […] [Milcap], para justificar una reclamación civil" [en ese sentido, es decir, que suponga una invasión de la privacidad.]
Y esto es lo que quieren cargarse la industria cultural y el Gobierno con la Ley de Economía Sostenible: la tutela judicial de la privacidad Tuya & Mía. Y trasladar esa tutela a una comisión administrativa. Y además, ampliar arbitrariamente el número de casos en que está justificada la intervención en tu computadora, tu servidor, tu página web.

Hoy, con la ley en la mano, no se puede. Con la Economía Sostenible, sí. Y como este Gobierno, en este campo, parece actuar a las órdenes de la industria cultural, sin atender ni a consumidores ni a usuarios… pueden vdes imaginar el sentido de t-o-d-a-s y c-a-d-a u-n-a de las resoluciones de la dichosa comisión.

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