jueves, 28 de junio de 2007

Las verdaderas razones de una injusticia

El caso de Raquel Ojeda es un desgraciado botón de muestra de la injusticia que reina en Misiones. Héctor Aníbal Benítez, responsable del accidente que dejó en estado semivegetativo a Raquel, es el Secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Misiones. Por las amenazas de Benítez otros medios gráficos de la provincia han silenciado la flagrante injusticia. En cambio el diario El Territorio cumplió con sus deberes ineludibles de informar, de defender a los ciudadanos de los abusos del poder y de abogar por el cumplimiento de las leyes y defender la justicia. A raíz del cumplimiento de su misión denunciando las tropelías de los poderosos, El Territorio sufre una larga persecución del gobierno. Tambén de Benítez, que cobra un sueldo de 2.881,07 pesos como asesor del Ministerio de Gobierno. En los últimos días, la cúpula enquistada en el Sindicato de Canillitas redobló -sin ningún motivo y siguiendo la estrategia del gobierno- sus ataques a El Territorio. Pero, como se ve, Benítez tiene otra poderosa razón para intentar silenciar a El Territorio.

Raquel Ojeda acababa de cumplir 24 años y fue al boliche para celebrarlo. Esa fue la última noche que pudo bailar. El 26 de febrero de 2005 a las 3 de la mañana, cuando salía del local, fue atropellada, por un Renault Mégane. Héctor Aníbal Benítez conducía el automóvil, propiedad del Sindicato de Canillitas, según confirmó el abogado de la familia, Roberto Del Balzo. Hoy tiene 26 años, se encuentra en estado semivegetativo, y a su familia le cuesta unos 5.000 pesos por mes mantenerla con una vida digna. La chica vive con su madre en Buenos Aires desde octubre del año pasado. Los 5.000 pesos mensuales se van en medicamentos, elementos terapéuticos, una persona que ayuda en los cuidados y pañales. Recibe atención clínica y neurológica en un hospital público. Tras ser atropellada, permaneció casi cuatro meses internada en terapia intensiva del hospital Madariaga, en Posadas. El hospital facturó parte de los servicios a la aseguradora del vehículo. Después, mediante una medida cautelar, se obtuvo el traslado al Instituto Fleni en provincia de Buenos Aires. Cinco meses después, en la clínica evaluaron que su cuadro no evolucionaba. Fue trasladada a Posadas e internada en un sanatorio privado, donde permaneció un año, hasta que allí también dijeron basta. Finalmente la Justicia resolvió trasladarla a una sala común del hospital Madariaga. Tras una semana allí, la familia resolvió que, si querían conservarla con vida, lo mejor era llevarla a Buenos Aires. Hoy Raquel necesita kinesiología, rehabilitación neurológica, tratamientos que la familia no tiene medios para costear. Ni siquiera tienen el dinero necesario para conocer el nivel de los daños que sufrió. Hasta una consulta particular en el Instituto Fleni está fuera de su presupuesto. Raquel se va despertando de a poco. Hizo notables avances, pero para salir adelante necesita mucho más que el inmenso amor e ingenio de sus familiares para estimularla. Raquel habla, reconoce a los integrantes de su familia, mira televisión, si tiene algún dolor lo manifiesta. Pero no camina, usa pañales, tampoco se alimenta sola. El cuerpo le quedó encogido, como si estuviera permanentemente sentada. Necesita utilizar balbas, elementos ortopédicos que impiden que las extremidades se le doblen aún más. Tres veces por semana le realizan sesiones de kinesiología y necesita una cirugía de cadera.

En torno a Raquel, ilusionados con cada pequeño avance, estuvo su familia. Cada gasto que lograron que le reconociera el seguro fue el fruto de una constante lucha legal. Pero desde octubre del año pasado, se terminó, a pesar de que la vida de Raquel continúa. Cada mes de internación en el sanatorio privado posadeño donde pasó un año, costó 30.000 pesos. Según relatan los familiares, ante las demoras en los pagos por parte de la aseguradora, la calidad fue bajando. En octubre del año pasado, por disposición de la jueza, fue trasladada al hospital Madariaga, ya que las condiciones de la vivienda de la familia, en Posadas, no eran las adecuadas. Allí estuvo una semana y la familia resolvió llevarla a Buenos Aires por temor a perderla. Raquel vive, a pesar de sus limitaciones. Su familia pide justicia. Siente que hay presiones políticas para demorar cada paso y censura en los medios de comunicación. El juez José Luis Rey debe resolver la situación procesal del conductor en relación al expediente por lesiones gravísimas en accidente de tránsito donde consta que Benítez se negó al examen de alcohol en sangre y que hay testigos que afirman que presentaba aliento etílico.
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