lunes, 4 de enero de 2016

La Ley de Medios y la Justicia en la Argentina

Entre la elecciones de medio término del 28 de junio y el cambio de las mayorías en el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2009, se dictó la ley 26.522, titulada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pero conocida como Ley de Medios. No fue la única ley que el gobierno se apuró a dictar con un Congreso obediente pero deslegitimado por las elecciones que había perdido la lista del propio Néstor Kirchner contra la del hoy fantasma de la política Francisco de Narváez. La ley entreveraba en sus artículos la venganza del gobierno contra el Grupo Clarín con quien libraba una guerra sin cuartel desde marzo de 2008, cuando en plena crisis del campo Néstor Kirchner y Héctor Magnetto se desconocieron para siempre. Hasta entonces la relación entre ellos había sido parecida a una alianza de operaciones conjuntas.

La historia siguió con infinitos trámites judiciales y artilugios legales con los que Clarín dilató el cumplimiento de esa ley y defendió su patrimonio. Martín Sabbatella, al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) creada por la misma ley, fue el ariete que exigía al Grupo Clarín adecuarse a sus exigencias. Mientras esto ocurría florecieron en la República los parásitos de la pauta oficial: medios y periodistas que aprovecharon la pelea para equilibrar la mesa del desayuno del poder –no las audiencias– con periódicos afines y voces amigas a cambio de grandes sumas de dinero que aparecían como pauta publicitaria del Estado Nacional. En el fragor de la batalla también se vieron favorecidos medios y periodistas de buena fe que no estaban de un lado ni del otro de la contienda.

Concentrado en esta guerra el Congreso improvisó una ley que nació antigua: no legislaba sobre la gran revolución que ya se preveía 30 años antes de 2009: la convergencia de las tecnologías de información y comunicación a partir de la digitalización que unificó los distintos lenguajes y permitió la confección, edición, transmisión, difusión y recepción de todo tipo de mensajes por un mismo dispositivo, que para colmo es portátil gracias a la telefonía celular y a sus antenas omnipresentes. Pero en lugar de remediar este error y unir en una sola repartición el organismo encargado de garantizar la pluralidad de voces y el acceso de todos a los medios de comunicación, el gobierno creo una segunda repartición, similar a la Afsca: la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).

La Afsca sirvió al gobierno para continuar su pelea con el Grupo Clarín y otros grupos de medios que le eran hostiles y también para otros fines de la política y casi no actuó en procura de sus fines. De hecho no se avanzó un milímetro en el control del espectro radiofónico, invadido en todo el país por frecuencias ilegales que ensucian las emisiones de los que sí tienen licencias otorgadas por el Estado Nacional. La Aftic, por su parte, descubrió que es imposible controlar el vasto mundo de internet, que no tiene puertas ni ventanas, ni fronteras, ni licencias, ni controles, ni nada: esa es su fortaleza.

El pasado 30 de diciembre, el ministro jefe de Gabinete Marcos Peña anunció el fin de la guerra con el periodismo y la entrada de las comunicaciones argentinas en el siglo XXI. Por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) unificó la Afsca y la Aftic en una nueva repartición: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Pero el DNU es a todas luces insuficiente para dejar sin efecto leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Este y otros DNU del nuevo gobierno son parte de la estrategia de Mauricio Macri para ganar tiempo mientras consigue los votos que necesitará en el Congreso para convertir en leyes las reformas que impulsa. Es sencillo: Macri no ha llamado a sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación porque carece de las mayorías necesarias para impulsar sus políticas, pero espera llegar al 1 de marzo con las alianzas que le permitan hacerlo y entonces serán leyes hechas y derechas dictadas en sesiones ordinarias.

Dice un principio elemental del derecho que las leyes siguen a la vida y no al revés. El desafío de los legisladores será crear una ley que contemple la realidad digital convergente: la emisión, difusión y recepción de los mensajes de opinión pública tal como son y no como le gustaría al legislador que fueran. No deben legislar para cambiar la realidad ni deben meterse en el contenido de los mensajes, sino que deben estudiar la realidad y establecer una ley que evite eficazmente las injusticias que provocan las desigualdades del poder y del dinero, presentes en toda sociedad.

NOTA: redacción final de esta columna publicada ayer en el diario El Territorio de Posadas.

El kirchnerismo, los parásitos y el negocio del periodismo. En Paper Papers, 8/12/15
Clarín, los Kirchner y el pecado original. En Paper Papers, 5/10/11
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